h1

La Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno (DOG núm. 30, del 15.02.2016), en el ámbito autonómico.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y bueno gobierno (BOE núm. 295, del 10.12.2013), en el ámbito estatal, en su mayor parte normativa básica y por lo tanto aplicable a las instituciones autonómicas.

Una democracia no entendida tan sólo como mecanismo de elección de gobiernos mediante sufragio sino como un sistema de imperio de la ley, con las debidas garantías y tutelas de las libertades y de los derechos individuales de los ciudadanos y de las ciudadanas.

En ese sentido, los mecanismos de transparencia y de buen gobierno funcionan como contrapesos que garantizan la protección de la ciudadanía frente a hipotéticas arbitrariedades del poder público y el uso indebido del dinero o patrimonio públicos. Las incompatibilidades de las personas que ejerzan altos cargos, la publicidad de las actividades del Gobierno y el examen ciudadano de toda esta información suponen mecanismos de control y de limitación del poder estatal perante las libertades civiles.